El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas manifiesta su preocupación ante la persistente dilación en la impartición de justicia por la Masacre de Acteal, perpetrada el 22 de diciembre de 1997, en donde 45 tsotsiles: 15 niños, 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas entre diez semanas a cinco meses, y 9 hombres, fueron masacrados, además de 25 heridos, sin que los Policías de Seguridad Pública acuartelados a escasos 200 mts, intervinieran en su ayuda.
Los gobiernos estatales y federales se han negado a reconocer las evidencias que señalan el origen de la masacre en acciones que se generan en un contexto de guerra, lo que ha permitido que la defensa de los inculpados quiera confundir a la opinión pública sobre los verdaderos motivos de la matanza, señalando que se trata de un problema religioso, recurriendo para ello a lagunas legales como parte de su estrategia de protección a los inculpados, ya que mientras no existan reformas que integren un tipo penal especifico sobre grupos paramilitares, se seguirá utilizando términos como el de grupos civiles armados, consiguiendo con ello minimizar el carácter contrainsurgente de éstas organizaciones.
Asimismo consideramos que la consignación por separado de los acusados debilita la concatenación de hechos como son los crímenes anteriores a la Masacre, las diversas reuniones que los agresores tenían para presionar a la gente con el objeto de exigirles aportaciones para adquirir armas, la protección a civiles por parte de agentes de la policía, como consta en declaraciones ministeriales, donde el suboficial Felipe Vázquez Espinosa implica a su jefe el primer oficial Absalón Gordillo diciendo que él les ordenaba proteger a los paramilitares.
El órgano judicial no ha cumplido los principios básicos de justicia: derecho a la verdad, juicio justo, reparación del daño (ninguna de las sentencias que han quedado firmes, condenan al pago de reparación del daño), y tampoco se han dado garantías de no repetición del acto.
En su momento se iniciaron 13 averiguaciones previas que dieron lugar a sus respectivas causas penales, únicamente algunas se acumularon para quedar tan sólo 11 causas, cuando el deber del órgano judicial era integrar todas aquellas que están directamente relacionadas con la Masacre en una sola, puesto que las acciones delictivas se llevaron a cabo en un sólo acto.
A todo esto debemos agregar que al revocarse los autos de formal prisión por el probable delito de asociación delictuosa, se logra la fragmentación de los hechos y circunstancias.
Solamente se han procesado 15 funcionarios de bajo nivel, dejando en la más completa impunidad la coparticipación y responsabilidad de Ernesto Zedillo Ponce de León quien fungía como Presidente de la República, Emilio Chuayffet como secretario de gobernación, Julio César Ruiz Ferro gobernador del Estado (que fue informado oportunamente de la situación y no actuó para evitar la Masacre), entre otros; a pesar de que los delitos de coalición de funcionarios, ejercicio indebido de servicio público y delitos cometidos en la administración de justicia están claramente relacionados con las obligaciones que a sus cargos competen.
Asimismo los testimonios acreditan que funcionarios estatales consentían que civiles portaran armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, además de utilizar vehículos y bienes públicos para transportar a civiles armados.
El Estado propició la disolución de la Fiscalía Especial creada el 1º de abril de 1998, minimizando y dilatando el proceso de administración de justicia, reduciendo dicha instancia en una simple área que depende de la Subdelegación de Procedimientos Penales “A”, de la Delegación de la Procuraduría General de la República en Chiapas, quedando como responsable del área el MP adscrito al Juzgado Segundo de Distrito, donde actualmente se encuentran abiertas 2 Causas Penales seguidas contra civiles.
Este Centro hace un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que todas estas irregularidades que ha entorpecido el proceso judicial, sean atendidas con prontitud, apego a la verdad y a la justicia, ya que de lo contrario el argumento de la defensa de los inculpados, con respecto a la filiación religiosa como motivo de la Masacre, seguirá confundiendo a la opinión pública y en el peor de los casos se convertirá en una presión política que desvirtúe aún más el proceso judicial. |
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